No deja de sorprender la pretensión de muchas exposiciones de motivos de los proyectos abortistas que circulan por nuestro Poder Legislativo, de fundarse en que están reivindicando un supuesto derecho de la mujer sobre su propio cuerpo.
La sorpresa se acrecienta cuando no se ven proyectos que dirijan con decisión la acción y el apoyo del Estado hacia esas mujeres embarazadas, para tratar de permitirles tener una decisión responsable y libre hacia la vida que llevan en su seno, y no se dejen guiar por la desesperación del momento, por las extremas necesidades económicas, la eventual pérdida de un empleo, o las razones que fuesen. En otras palabras, que si llegan a plantearse la decisión tremenda de eliminar a su propio hijo cuenten en ese momento con el apoyo de la sociedad y del Estado.
Las ONG que se dedican a dar apoyo a estas mujeres, a veces menores, a veces en situación de riesgo, afirman que en su experiencia de cada cuatro embarazadas que reciben apoyo durante el embarazo, sólo una de ellas aborta.
La iniciativa de apoyarlas no es nueva, sólo que la publicidad del Estado parece dirigirse hacia otros objetivos y nada de esto se difunde ni promociona; de hecho, la ley 103 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, llamada Programa de Acciones Positivas a favor de las Jefas de Hogar y las Mujeres Embarazadas, está en esta línea, porque ofrece créditos personales y seguridad laboral para las mujeres que enfrentan un embarazo. Es más: dicha ley establece que el 15 por ciento de los subsidios que otorga la Secretaría de Promoción Social de la Comunidad se destinen a ese fin. Confiemos en que la ley se cumpla y en que sean las mujeres embarazadas las que reciban la ayuda.
Más concreta es la ley del gobierno de Valencia, reino de España, que ha desarrollado un conjunto de medidas de carácter socioeconómico para atender a mujeres gestantes, preferentemente las que, por encontrarse en riesgo de exclusión social, ser menores de edad o tener alguna discapacidad, necesitan un apoyo integral para ejercer su maternidad. La ley afirma la dignidad de la mujer gestante y su derecho a llevar adelante la gestación, a ser apoyada socialmente en su decisión y ser informada de ese derecho, y de los mecanismos de ayuda dispuestos a su favor.
Entonces, en lugar de cantar loas a la cultura de la muerte, respetemos y apoyemos a la madre, para que tenga la posibilidad de elegir la de su hijo y ser confirmada en su elección, para brindarle a ese niño un futuro dentro del género humano. Esto es lo que hace un país que tiene sensibilidad social, que se preocupa de verdad por las personas reales, y no se limita a la demagogia declamativa o a seguir las ideologías abortistas.
fuente: La Nación